El fabricante de OxyContin, Purdue Pharma LP, y miembros de la familia Sackler, dueña del laboratorio farmacéutico, han alcanzado un acuerdo por el que se comprometen a indemnizar con 270 millones de dólares al estado de Oklahoma por favorecer la epidemia de opioides en Estados Unidos.

El acuerdo con el fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, es el primero que intenta frenar una oleada de demandas recientes que acusan a Purdue de vender engañosamente estos analgésicos de la familia de los opioides altamente adictivos. La compañía se enfrenta a 2.000 juicios en todo el país.

El estado de Oklahoma no solo ha acusado a Purdue de marketing engañoso. El fiscal también acusa a las farmacéuticas Johnson & Johnson y Teva Pharmaceutical Industries de esconder los riesgos de consumir medicamentos opioides para calmar el dolor, al tiempo que exageraba sus beneficios.

Superventas

La publicidad de Purdue convirtió OxyContin en un superventas que generó 35.000 millones en ventas desde el lanzamiento del producto en 1996. Las empresas niegan las irregularidades. El estado había estado buscando más de $ 20.000 millones en daños, según documentos judiciales.

El acuerdo judicial cubre solo a Purdue, dejando las reclamaciones pendientes contra J&J y Teva, con base en Israel, dijeron las fuentes. Como parte del acuerdo general, Purdue contribuirá con 102.5 millones de dólares para ayudar a financiar un centro de tratamiento de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma, dijo una fuente. Los Sacklers, propietarios del laboratorio, también se comprometieron a donar 75 millones de dólares al centro universitario como parte del acuerdo.

Dos mil juicios

De los aproximadamente 2,000 juicios que hay a nivel nacional, más de 1,600 son tribunales infederales y el resto están en tribunales estatales. Las 1,600 demandas federales se consolidaron ante un juez federal en Ohio, que ha presionado para lograr un acuerdo antes de un juicio en octubre. Es probable que Purdue intente finalizar cualquier decisión relacionada con un acuerdo y una declaración de bancarrota antes de la fecha de corte.

Casi 50.000 muertes por sobredosis

Los opioides, incluidos los analgésicos recetados, la heroína y el fentanilo, fueron responsables de 47,600 muertes por sobredosis en 2017 en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

El ministro de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, se ha pronunciado sobre la polémica suscitada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha exigido, para pasmo de todos, al Rey que se disculpase por los abusos hechos durante la conquista.

«Sobre esa carta creo que se ha dicho todo. España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden. Parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas por acontecimientos que pasaron hace 500 años. Del igual manera que no vamos a exigirle a Francia que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España. Igual que los franceses no van a pedir explicaciones a Italia por la conquista de las Galias... En fin, hay que mantener la mejor relación entre los pueblos», ha expresado el ministro.

Borrel, que se encuentra en Buenos Aires acompañando a los Reyes en su visita de Estado a Argentina, ha aprovechado el ejemplo de la relación entre estos dos países para pedir un poco de sentido común: «Hemos tenido ocasión de ver cuáles son los lazos que unen la sociedad argentina y española, y yo diría que en general con toda Iberoamérica. Hay que venir aquí para constatarlo».

Con respecto a las relaciones diplomáticas con México, Borrell ha confirmado que está trabajando para que este suceso no influya en las mismas. «Vamos a hacer todo lo posible para que las relaciones entre México y España no se vean perturbadas por esta iniciativa a la que ya hemos calificado de desafortunada», ha rematado.

Las palabras de Borrell siguen la senda que marcó La Moncloa ayer en un comunicado que respondía a López Obrador. Ahí ya advertía que «no puede juzgarse a la luz de las consideraciones contemporáneas» hechos tan remotos. «Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva», apuntaba, afilado, el texto difundido por el Gobierno.

La ocurrencia de López Obrador, por cierto, ha puesto de acuerdo a casi todo el espectro político español, que ha respondido en su contra. Solo Podemos ha apoyado al mandatario mexicano, asegurando que si llegan a gobernar «habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas».

Los Estados miembros de la Unión Europea que decidan quedarse con el horario de verano cambiarían por última vez el reloj en marzo de 2021, mientras que los que elijan el horario de invierno tendrían que volver a cambiar la hora en octubre de 2021. Este es el texto que ha sido aprobado hoy por el Parlamento europeo con 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones.

Los eurodiputados han respaldado así la iniciativa de la Comisión Europea de acabar con el cambio horario, pero son partidarios de retrasar su aplicación hasta 2021 (y no en 2019 como proponía la CE).

La Cámara insiste en que los Estados miembros y la Comisión deberán coordinarse para garantizar que la aplicación del horario de verano en unos países y el de verano en otro no perjudicará al funcionamiento del mercado interior.

Si la Comisión concluye que el desfase puede afectar de manera significativa y permanente al mercado interior, podrá proponer retrasar la fecha de aplicación de la directiva un máximo de 12 meses, señala el texto aprobado por el pleno.

Próximos pasos

Tras esta votación, la Cámara está lista para iniciar negociaciones con los ministros de la UE sobre el contenido final de la directiva. Dado que el Consejo no ha fijado todavía una posición común, el dossier se trasladará al próximo Parlamento, salido de las elecciones de mayo.

En respuesta a iniciativas ciudadanas, en febrero de 2018 el Parlamento pidió a la Comisión que evaluara la conveniencia de mantener el cambio de horario y que, en función de sus conclusiones, propusiera una revisión de la directiva vigente.

La Comisión efectuó una evaluación, que recibió 4,6 millones de respuestas, el 84% favorables a suprimir el cambio, y a continuación presentó una propuesta legislativa. Los colegisladores, el Parlamento y el Consejo, deberán ponerse de acuerdo para que el texto pueda entrar en vigor.

La UE unificó el procedimiento del cambio de hora en 1980. De acuerdo a la norma vigente, los países deben cambiar al horario de verano el último domingo de marzo, y de vuelta al horario estándar el último domingo de octubre.

Mercado interior

El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha señalado que «tenemos que estar seguros de que esta abolición del cambio horario estacional no tiene consecuencias para el mercado interior, especialmente si cada Estado miembro va a estar en un uso horario diferente».

Igualmente, ha subrayado la necesidad de «estar seguros» de que la Comisión cuenta con «mecanismos jurídicos suficientes» para resolver «problemas» que planteará el uso de horarios diferente en los Estados miembro, «por ejemplo en el tráfico aéreo».

Pedro Sánchez no piensa renunciar a sus «viernes sociales». Sigue preparando su campaña electoral con medidas de impacto. El próximo paso será el «Plan Reincorpora-T», una recopilación de materias con las que el Ejecutivo pretende reducir en más de dos puntos la tasa de los parados de larga duración, hasta el 3,6% en 2021, lo que se traduce en devolver al mercado de trabajo a desempleados que llevan en esta situación más de un año. La formación y orientación profesional serán la clave de un plan que tiene como objetivo reducir el número de parados en 450.000 en tres años, a razón de 150.000 anuales.

El texto del plan tendrá un impacto presupuestario de 2.500 millones de euros para 2019, 2020 y 2021, si bien la mitad del gasto corresponde a medidas que ya han sido aprobadas por la vía del decreto ley. Es el caso de la ampliación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (que tiene una dotación económica de 1.196 millones hasta 2021) o la bonificación a la contratación de parados de larga duración (con otros 277 millones entre 2019 y 2021).

Formar y orientar

Del desglose de las medidas se desprende que para formar a trabajadores se dedicarán 732 millones de euros (237 millones este año, 244 millones en 2020 y 251 millones en 2021). Se mejorará la formación en competencias clave -como lenguas castellana y regionales, matemáticas y lenguas extranjeras-, con un gasto de 315 millones.

Otra partida ascenderá a 210 millones, que irá destinada a la formación en sectores de interés preferente (sostenibilidad ambiental, transición energética, cualificación agraria o forestal, ámbito de los cuidados y dependencia) y otros 138 millones a la adquisición de competencias digitales (informática, programación, desarrollo de aplicaciones o robótica).

Dentro del eje de actuación en orientación profesional, con una dotación de 282 millones de euros, destaca el refuerzo en la atención personalizada (156 millones) que incluye, entre otras medidas, la atención a parados de larga duración por parte de 3.000 orientadores, cuya contratación ya estaba prevista en el Plan de Choque para el Empleo Joven aprobado el pasado diciembre.

Los españoles siguen eligiendo la sanidad privada. Y lo demuestra el crecimiento del sector asegurador. En 2018 se han superado los 10,3 millones de usuarios del sector sanitario privado, si se tienen en cuenta tanto los asegurados como los mutualistas (es decir, funcionarios de Muface, Isfas y Mugeju). Esto se traduce en un aumento del 4,3 por ciento respecto al año anterior.

También ha subido el año pasado el volumen de primas en un 5,8% respecto a 2017. Así, se estima que en 2018 se alcanzó un importe de 8.218 millones de euros (según los aumentos registrados entre enero y septiembre de ese año).

Son algunas de las conclusiones del informe "Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2019", elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y presentado este martes en Madrid.

«No hay una sola provincia en la que no crezca el número de asegurados sanitarios. Solo en 2018 hemos contado con 400.000 más», apuntó Manuel Vilches, director general de IDIS. En concreto, Lugo, Orense, Cantabria, Navarra, Álava, Girona, Ávila, Segovia, Guadalajara, Teruel, Tarragona, Castellón, Alicante, Toledo, Ciudad Real, Córodoba, Huesca, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería son las provincias donde el número de asegurados ha crecido más que la media.

Vilches ha querido insistir en cómo los asegurados (8,5 millones excluyendo a los más de 1,8 funcionarios de Muface) contribuyen a la descarga y el ahorro del sistema público. Las estimaciones realizadas por IDIS indican que el ahorro generado por el seguro privado se situaría entre los 1.224 euros al año (si el paciente usa solamente el sistema privado) y los 546 (si usa privado y público). «Si se tiene en cuenta el número de asegurados existentes en nuestro país, el ahorro total generado al Sistema Nacional de Salud se sitúa en un rango que va desde los 4.643 millones de euros a los 10.409 millones de euros, en función de un uso mixto o exclusivo de la sanidad pública y privada».

El 30% de las intervenciones quirúrgicas se realizan en el sector privado

Pero no son solo los asegurados los que ayudan al sistema público. De hecho, en el sector privado se llevan a cabo el 30,9% de las intervenciones quirúrgicas (1.593.977 de las 5.160.704 de la pública y privada). Por especialidad, el 37% son de Cirugía Ortopédica y Traumatología, el 34% Neurocirugía y Cirugía General-Digestivo, el 33% de Angiología-Cirugía Vascular y el 24% Cirugía Cardíaca. La sanidad privada también concentra el 23,7% de las altas (1.267.480) y el 24,1% (7.126.750) de las urgencias en todo el país. Vilches ha insitido en que sin esta actividad «la sanidad pública podría entrar en serias dificultades de sostenibilidad y solvencia». Otro mecanismo para quitar presión asistencial al sistema público es a través del mutualismo administrativo. Vilches recordó que alrededor de 1,8 millones de funcionarios cubiertos por el régimen de mutualismo eligen la cobertura privada (teniendo la opción de ambas).

El informe también destaca que el sector privado dispone del 58% del total de los hospitales de todo el país (460) superando a los públicos (339) así como un 32% de las camas (51.373 frente a las 106.896 de las públicas) . Por comunidades, Cataluña, Madrid y Andalucía son las que cuentan con un mayor número de hospitales y camas de titularidad privada.

En cuanto a la actividad y en términos de diagnóstico, el sector privado lleva a cabo el 39% del total de resonancias magnéticas, 17% de los TAC y el 21% de los PET.