La Cámara de Representantes enviará este lunes al Senado los cargos contra Donald Trump en el impeachment , con lo que se abrirá el juicio político que podría impedir al expresidente de EE.UU. volver a presentarse a las elecciones en 2024. Así lo anunció este vienes el líder de la mayoría democráta en el Senado, Chuck Schumer.

«La Cámara remitirá el artículo del impeachment al Senado. El Senado llevará a cabo un juicio del impeachment de Donald Trump. Será un juicio completo. Será un juicio justo», apuntó Schumer en el pleno del Senado, informa Reuters.

El anuncio se produce pese a que el líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, había pedido aplazar el procedimiento.

A mediados de septiembre la detección de una nueva cepa de Covid-19 en el Reino Unido hizo sonar las alarmas. Se trataba de una variante que se transmitía hasta un 70% más rápido que la anterior. Pese a que según los expertos ésta no supone una mayor letalidad, debido a la velocidad de contagio sí puede suponer un colapso del sistema sanitario.

Ayer mismo, Andrea Ammon, directora del Centro para el Control de Enfermedades Europeas (ECDC, en sus siglas en inglés), insistió sobre los efectos de esta variante: «Un número cada vez mayor de infecciones dará lugar a mayores tasas de hospitalización y muerte en todos los grupos de edad, en particular para aquellos en grupos de mayor edad... Ver Más

El Gobierno vasco ha confinado perimetralmente todos los municipios del territorio, de forma que nadie podrá salir ni entrar de su lugar de residencia salvo por causas justificadas. Ni siquiera se podrá visitar las localidades colindantes, una excepción que las autoridades vascas habían permitido hasta ahora. El gabinete de Iñigo Urkullu también limitará las agrupaciones a cuatro personas tanto en espacios públicos como en los privados. Su deseo era también el de adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda, una medida que finalmente no se podrá imponer debido al rechazo del Ministerio de Sanidad.

«Lo lamento», ha dicho la consejera autonómica de Salud, Gotzone Sagardui, quien ha lanzado un dardo al Ejecutivo central por impedir que se produjera un «efecto cortocircuito» ante el avance de la pandemia.

Estos son los términos que ha utilizado la consejera al término de la reunión del LABI, que congrega a las instituciones y expertos asesores de la pandemia, que ha sido convocado por el lendakari Iñigo Urkullu para adoptar nuevas medidas.

La propia Sagardui ha apelado a la «altamente preocupante» situación en la que se encuentra la autonomía vasca, que este viernes ha anunciado 1.139 nuevos casos de coronavirus. La tasa de positivos se sitúa ya en el 8,7%, y el acumulado de las últimas dos semanas alcanza los 507,48 casos. El País Vasco se sitúa de esta forma en alerta roja, el peor de los escenarios, algo que no sucedía desde el pasado octubre.

Finalmente, el Gobierno vasco no forzará a la mayoría de los establecimientos y comercios a cerrar a las siete de la tarde, una restricción que había defendido en los últimos días y que llegó a proponer en el consejo interterritorial del miércoles. Al contrario de lo que sucede con el toque de queda, el Ejecutivo de Vitoria sí tiene potestad para adelantar la clausura de estos establecimientos.

Aunque no será, posiblemente, hasta el próximo 8 de febrero que el Tribunal Superior e Justicia de Cataluña (TSJC) confirme si se suspende o no la jornada electoral del 14-F, en su resolución de medidas cautelares, anunciada ayer, y redactada este mismo viernes, ya advierte de que un «aplazamiento tan prolongado» de los comicios autonómicos, como pretende la Generalitat, como mínimo hasta el 30 de mayo por la pandemia, afectaría al «normal funcionamiento de las instituciones democráticas».

«También debe valorarse que ni tan siquiera es seguro que las elecciones se celebren el 30 de mayo», recoge la resolución del TSJC, en la que decide, de momento, y como medida cautelar, que siga sin efecto el decreto con el que la Generalitat pretendía suspender los comicios catalanes del 14-F. Y, añade que, al menos por ahora, no hay «obstáculos insalvables» para que los comicios se celebren el día en que inicialmente estaban previstos. La resolución dictada cuenta con un voto en contra de entre los siete magistrados reunidos.

Sobre el papel, y a efectos prácticos, el auto de la sala contenciosa administrativa del TSJC hecho público hoy no es más que la decisión de mantener una medida cautelar -dejar sin efecto provisional el decreto del Govern- hasta dictarse una sentencia definitiva. La cuestión es que mientras la Fiscalía -cuando el TSJC le consultó al respecto- prácticamente se limitó a argumentar la conveniencia de mantener la suspensión por que, si finalmente la sentencia diese la razón a los demandantes, no habría tiempo material a engrasar la maquinaria para el 14-F, el tribunal va mucho más allá.

«Hay un interés público muy intenso en la celebración de las elecciones suspendidas, porque si no se celebran se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas», dice la resolución.

De momento, el TSJC lo que hace es que «provisionalmente» mantiene la fecha del 14 de febrero, con lo lo que continúa «el proceso electoral con toda normalidad en sus diferentes facetas«, entre ellas la campaña electoral, que ya estará en marcha cuando el tribunal dicte su resolución definitiva.

Una puerta abierta

El tribunal, en uno de sus puntos, también ha querido dejar claro que el tribunal no obliga a votar «irreversiblemente» el 14-F, y recuerda que no es el TSJC «quien ha fijado esa fecha». «Lo que se hace por el tribunal es mantener la celebración de las elecciones en la fecha en que las convocó la autoridad competente». Lo firmó el vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, el pasado 21 de diciembre. Lo que hace este auto es suspender provisionamente el aplazamiento que luego decidió la Generalitat y apurar plazos para dar una resolución definitiva «cuanto antes».

Eso sí, el TSJC recuerda que de aquí al 14 de febrero pueden darse «cambios sustanciales» tanto en las «normas reguladoras del estado de alarma» como en el «ámbito sanitario» de haber una evolución negativa de pandemia. En ese caso, se «podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho, teniendo en cuenta dichas nuevas circunstancias«.

La «tasa Google», aprobada el pasado mes de octubre por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, la pagarán, de momento, las pymes. El segundo paso, su llegada al bolsillo de los consumidores, es ya solo cuestión de tiempo. Amazon ha comenzado a comunicar a las 9.000 pymes españolas que venden a través de su «marketplace», que la tarifa que cobra por hacer de intermediario subirá un 3% a partir del próximo mes de abril debido a este nuevo impuesto.

«Como muchos otros, hemos instado al Gobierno a buscar una solución global sobre la tributación de la economía digital al nivel de la OCDE en lugar de imponer impuestos unilaterales, para que las reglas sean consistentes en todos los países y más claras y justas para las empresas. Como hemos indicado anteriormente, la forma con la que el Gobierno ha diseñado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales afectará directamente a las empresas que utilizan nuestros servicios», aseguran a este diario fuentes de Amazon.

Actualmente, el gigante del comercio «on line» cobra distintas tarifas a las pymes que utilizan su plataforma dependiendo de los productos que éstas pongan a la venta. Fuentes de la compañía explican que la media de estas tarifas es del 15% y es esta comisión la que se incrementará un 3% desde abril, por lo que pasará a ser del 15,45%. La subida de precios, adelantada por El Confidencial, supone un nuevo varapalo para miles de pymes que ya sufren los devastadores efectos de la pandemia y para las que las ventas por internet se había convertido en una importante vía de escape.

Que se continúe ahora la cadena, como ya advirtieron varios expertos y organismos públicos durante el diseño de este impuesto, y que las pymes repercutan este 3% al precio final de sus productos está ahora en manos de las propias empresas, según explican desde Amazon. Serán por tanto las compañías las que debatirán en el próximo mes la subida o no del coste de sus productos.

La reacción de Amazon supone la confirmación de una advertencia que tanto la compañía de Jeff Bezos como el resto del sector digital han venido haciendo al Gobierno antes la puesta en marcha de este impuesto de manera unilateral. El mismo día de su aprobación, desde la asociación Adigital insistieron en varias ocasiones que «medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores; suscitando además serias dudas sobre su impacto en términos recaudatorios». De hecho, si bien el Gobierno estimó en un inicio una recaudación de 1.200 millones de euros a través de este impuesto, esa estimación se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos meses hasta los 968.

Otro informe elaborado por las dos asociaciones de compañías tecnológicas, Adigital y Ametic, en colaboración con la consultora PwC, alertaba del efecto negativo que el impuesto digital traería consigo para las empresas y consumidores españoles. Según el estudio, estos últimos sufrirían un impacto valorado en hasta 665 millones de euros, mientras que las compañías españolas usuarias de los servicios digitales que se han visto gravados por el Gobierno verían reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros.

El Gobierno se ha defendido ante las críticas por actuar unilateralmente en una estrategia global asegurando que la norma tendrá «carácter transitorio», hasta que se apruebe una normativa mundial o europea en el marco de la OCDE o el G20, algo que de momento no se ha logrado. Además, la tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido un informe al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, tras conocer que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa.

Robles ha asegurado que no conocía la información hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al Jemad para conocer en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del Jemad.

Fuentes del Estado Mayor han explicado a Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y, dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y la cadena de mando siguiendo un criterio de edad. Dentro de este tercer grupo se encuadraría tanto el Jemad como otros altos cargos militares.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que «deben dimitir todos» los «sinvergüenzas» que se han vacunado contra el coronavirus, «saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos».

<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550"><p lang="es" dir="ltr">Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación.</p>&mdash; Pablo Echenique (@PabloEchenique) <a href="https://twitter.com/PabloEchenique/status/1352573489300058113?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Según ha explicado un portavoz del Jemad, las Fuerzas Armadas tienen asignado por el Ministerio de Sanidad un cupo de vacunas al margen de las que se reparten entre las comunidades autónomas para ser suministradas a la población civil.

Dentro de ese cupo, al Estado Mayor de la Defensa le corresponde un porcentaje para el que se estableció un orden de prioridades: personal sanitario, militares que van a participar en misiones internacionales y, por último, la estructura de mando siguiendo un criterio de edad.

Con ello, dentro del Estado Mayor ha sido ya vacunado todo su personal sanitario y se está procediendo al suministro de la vacuna a los efectivos que van a formar parte de operaciones internacionales, como son los que embarcarán próximamente en los buques de la Armada 'Cazaminas' y 'Tajo'.

Una vez cumplido este procedimiento se comenzó con el tercer grupo del orden de prioridades, la estructura operativa para asegurar el mando de las operaciones, según han detallado las fuentes del Estado Mayor.

Dado que en este caso el criterio es la edad, los generales han sido los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna, incluido el Jemad. Sin embargo, también han sido vacunados suboficiales o civiles del Estado Mayor que reunían estos requisitos.