El jurado popular ha considerado culpables de la muerte de la pequeña Sara en agosto de 2017 en Valladolid a la madre de la menor y al que por entonces era su pareja. El veredicto le señala a él como autor material de la violenta paliza que recibió la niña de cuatro años en sus últimas horas de vida y a ella como responsable por omisión, al no haber «protegido» a la menor de unos malos tratos que ella «sabía que él podía» estar causándole desde hacía al menos tres semanas, cuando dio la voz de alarma un pediatra que la examinó.

Así, en la tercera jornada de deliberación, las cuatro mujeres y los cinco hombres que conformaban el jurado popular concluyeron a última hora del viernes un veredicto de culpabilidad leído este sábado en Sala y acordado por unanimidad en base a los hechos narrados por peritos y testigos en las trece jornadas de juicio por el caso celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid. Ahora será el presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, el encargado de fijar la condena. Ambos se enfrentan a prisión permanente revisable, pena que han solicitado las acusaciones, a excepción de la que representa al padre de la pequeña, que pide para la madre catarata.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha anunciado que competirá en las elecciones primarias para suceder a Theresa May como jefa del Partido Conservador y primera ministra de Reino Unido, una pugna interna que suma ya cinco candidatos.

«Sí, voy a presentarme para ser el próximo primer ministro», ha dicho Hancock en una entrevista concedida este sábado por la mañana a BBC Radio.

Hancock fue uno de los miembros del Gobierno que destacó la «dignidad» de May al anunciar que el 7 de junio dejaría el cargo asumiendo su responsabilidad política por no sacar adelante el acuerdo del Brexit. «Lo ha dado todo para servir a su país. Gracias Teresa», escribió en Twitter.

El ministro de Sanidad se suma así al ex ministro de Exteriores, Boris Johnson; al actual responsable del Foreign Office, Jeremy Hunt; a la ex ministra de Trabajo Esther McVey; y al secretario de Estado de Desarrollo Internacional, Rory Stewart.

A pesar de la larga lista de nombres, que podría seguir aumentando a medida que se aproxime la fecha de partida de May, de momento todas las voces señalan como gran favorito a Johnson, que fue uno de los más duros con la 'hoja de ruta' de la primera ministra para obrar el Brexit.

Para ser proclamado formalmente, un candidato debe contar con el aval de al menos dos diputados 'tories'. Los legisladores conservadores irán reduciendo la terna en una serie de votaciones hasta que solo queden

Un juez federal de Estados Unidos emitió este viernes una orden que bloquea de forma temporal la decisión del Gobierno que preside Donald Trump de desviar miles de millones de dólares del presupuesto del Pentágono y del Tesoro para la construcción de un muro en la frontera con México.

El magistrado Haywood Gilliam, de los juzgados de Oakland (California, EE.UU.), dio así la razón a una coalición formada por 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, una organización ecologista y otra de defensa de los derechos civiles, que habían demandado al Gobierno federal.

«La posición de que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el Ejecutivo puede sencillamente hallar una fórmula para gastar esos fondos 'sin el Congreso' no encaja con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remiten al origen de la República», escribió el juez.

El Congreso aprobó en febrero 1.375 millones de dólares para la construcción del muro, una cifra que quedaba muy lejos de los 5.700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera con México con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.

Con la emergencia nacional, el Gobierno reasignó al muro unos 6.600 millones de dólares previamente aprobados para el Pentágono y el Departamento del Tesoro y que sumados a los 1.375 que el Congreso sí destinó al muro debían servir para la construcción de unos 376 kilómetros y permitir al presidente empezar a cumplir su principal promesa de campaña.

«El control absoluto del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama Ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes- no es un fallo de nuestro sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo», apuntó el magistrado.

La decisión de este viernes, que tiene carácter temporal y de urgencia a la espera de que el juez se tome más tiempo para estudiar el caso antes de emitir una sentencia definitiva, se produjo justo una semana después de que tanto el Gobierno como las partes demandantes defendiesen sus posiciones en los juzgados.

«Si parece una asignación de fondos, se mueve como una asignación de fondos y ladra como una asignación de fondos, es que es una asignación de fondos. No hay vuelta de tuerca», afirmó en esa ocasión el director jurídico de la Cámara de Representantes de EE.UU., Douglas Letter.

Letter se encontraba ese día presente en la audiencia para hacer entrega al juez de una carta «amicus brief» que la Cámara Baja había firmado en apoyo de los grupos demandantes.

La construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México fue una de las principales promesas de Trump en su campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y una de las medidas que más oposición y atención mediática ha levantado tanto en EE.UU. como en el resto del mundo.

En medio de la tormenta perfecta de la SGAE, Pilar Jurado (Madrid, 1968) fue elegida presidenta, el pasado febrero. La compositora y soprano entró en el despacho presidencial del palacio de Longoria, sede de la entidad, decorado con un piano de media cola de principios del siglo XX, retratos y partituras de sus compositores y libretistas favoritos de zarzuela, como Vital Aza, Chapí, Bretón… Pero «ni me había dado cuenta», dice. Le esperaban montañas de papeles, problemas judiciales, la amenaza de intervención del Ministerio. Mucho que estudiar. Mucho que ordenar... Y la expulsión de Cisac, la internacional de entidades, que se ratificará (o no) la próxima semana en Japón...

Algún día levantó, por fin, la cabeza -nos cuenta, y en el relato asoma la diva que es-, y se fijó en todos esos objetos tan cercanos a su quehacer musical, al teatro donde debutó, y los tomó como «señales», buenos augurios. Jurado recibe a ABC en un momento delicado. Ha creado un equipo nuevo, levantando ampollas entre quienes controlaban el sempiterno desequilibrio de la SGAE, dividido en cuatro familias o colegios.

A toda prisa ha logrado reformas para cumplir los 17 puntos que Cisac exigía. Pero la SGAE humea como el campo de la batalla que aún enfrenta a las editoras discográficas multinacionales, que fueron expulsadas por una sentencia que luego se anuló y... aún están fuera, y las asociadas a las TV, que parieron la Rueda, esa trama que se investiga en la Audiencia Nacional.

-Parecía inevitable e inminente la intervención. ¿Ha logrado la estabilidad para evitarla?

-De sobra. No puedo saber qué ocurrirá, no soy pitonisa. Tienen todos los argumentos ya para abandonar su postura. Los mecanismos tienen que funcionar cuando hay algo que no va bien, pero por la misma razón deben ser retirados cuando se hace el trabajo que estaba pendiente.

-El Ministerio de Cultura ya la tenía solicitada ante el juez…

-El ministro me decía que esto lo teníamos que arreglar desde dentro, porque si tenían que intervenir será también un fracaso para el Ministerio.

-Lo que evitaría el fracaso sería restañar las heridas de las guerras que ha habido aquí en la SGAE. ¿Cuál es el horizonte al que le gustaría llegar?

-Soy mujer de consensos y me hace feliz que la gente reme en la misma dirección. Con cuatro colegios de intereses a veces contrapuestos, como ocurre en la SGAE, es muy complicado. Pero esa pluralidad nos hace llegar a conclusiones que no alcanzaría un solo grupo. El entorno es plural. Si nos va bien a los autores, también a los editores. Si ellos generan trabajo y espacio para la creación es para bien de todos.

-Tensión con editores… Las multinacionales siguen fuera.

-Porque también son usuarios. Lo decretó un juez. No fue SGAE quien expulsó a las editoriales.

-La SGAE activó por indicación del expresidente Sastrón solo una parte de la sentencia.

-A partir de su salida saben que tienen que convertirse en editoriales puras y duras. Si demostrasen que no hay conexión directa desde el usuario, les permitiría acceder a los puestos.

-Las editoras de TV son usuarios y tomaron el poder con su influencia en algunos autores.

-Fíjate si hay buena voluntad desde esta nueva presidencia que hemos incorporado a los estatutos lo que impedía que las multinacionales pudieran entrar en medio de una legislatura. La posibilidad de que haya elecciones parciales. Podrían votarse las plazas libres. En Editoriales hay cuatro ahora.

-¿Qué más cambios hay en los estatutos?

-Estrictamente los necesarios para corregir carencias para la directiva europea o para la incorporación de reformas que ayuden a cerrar esas heridas. Consejos territoriales, compensar una serie de cosas que la ley obligaba a hacer pero nos descompensaba...

-¿No se habían aprobado los cambios en la Junta Directiva del 7 de mayo?

-En aquella se aprobó todo lo que permitirá hacer los cambios necesarios para cumplir con los 17 puntos que nos ha exigido Cisac y los requerimientos del Minsiterio. El voto electrónico, el reglamento para la Comisión de Supervisión que nos exigen...

-¿Y confía que se aprueben esos estatutos en la próxima asamblea? Hay ya otra vez dos colegios en pie de guerra.

-Te refieres a lo que aprobamos esta semana, el voto compensado. La ley pide que cada socio tenga un voto estatutario. Y la SGAE no es un club, es una entidad para gestionar lo que producen nuestras obras. Hay que entenderlo. Se introduce de repente una cantidad enorme de votos, que forman una mayoría aplastante, y son socios que no tienen ninguna remuneración por derechos de autor y por lo tanto no contribuyen a la sociedad. Por eso hemos compensado. Y tratamos de favorecer a autores de los colegios que ahora se quejan, coreógrafos, sinfónicos, gente de audiovisual, con mayores porcentajes. Les compensamos porque sí contribuyen a la SGAE, pero en los actuales estatutos no llegaban a tener ni siquiera un voto que llamamos temporal, por la recaudación reciente. Hemos hecho simulaciones, ha sido un trabajo muy complicado. ¿Por qué se quejan?

-No están de acuerdo.

-Dicen que gana la Rueda pero no es cierto. La gente que más gana no es la Rueda, sino nombres de grandes artistas de multinacionales. A un señor que ha recaudado millones durante años como Manuel Alejandro no le puedes decir que su voto ahora vale lo que alguien que no ha recaudado nada o 9.000 euros porque ha tenido suerte este año.

-Tengo en mi poder una de las cartas que las editoras de las TV enviaron amenazando con acciones legales a los miembros de la junta si cambiaban el reparto. ¿Usted las recibió? ¿Qué le parece? ¿Cómo se torea esto?

-Con mucha paciencia y empatía. Para no pensar qué malos son todos. Intento entender por qué hacen esas cosas y cuando lo entiendo, a veces es más duro. Al principio pequé de ingenua, pensaba que cuando lo hiciera todo bien y las cosas funcionasen todo el mundo iba a reconocerlo. Pero no. La gente niega lo que has hecho. Y eso es lo más duro. Las guerras, los burofaxes, las amenazas, puedo con ellos.

-Acaban en manos de periodistas.

-Hay que decir a la humanidad que tengan cuidado con lo que se envía.

-Al final la junta directiva tomó sus decisiones.

-Si yo hubiera estado planteando algo ilegal habría estado muy preocupada. Pero lo que era ilegal del todo era lo que me proponían esos burofaxes. Tuve que tranquilizar a la junta.

-¿Y del otro lado hay papeles?

-El presidente de Opem está moviendo una carta para pedir a la Cisac que no nos quite la sanción, que no estamos haciendo nada. Es indignante. Es editor en Peermusic, y afirma que lo que piden a Cisac «es para forzar la actuación del Ministerio y meter asimismo presión a la Audiencia Nacional. Todo apunta a que si Cisac no sanciona el Ministerio perderá fuelle y todo quedará en agua de borrajas. Y no quedará otra salida que la salida». Está diciendo que si conseguimos hacer lo que hay que hacer ellos se marchan. ¿Cómo puede ser tan mala, tan inmoral, una entidad? Esto lo firma Rafa Aguilar, de Peermusic. Si supieran el trabajo que ha habido detrás de las decisiones que hemos sacado adelante y ahora llegan unos señores que no están haciendo nada nos mandan todo su repertorio para registrar con el fin de colapsar la entidad, 1.700.000 obras de golpe, cuando la mayor parte ya estaba registrado…

-Veo que está indignada.

-Que las líneas que unen los intereses de todos, incluidas las instituciones que quieren sancionarnos, sean bombardeadas y encima veas que quien tendría que protegerte, que es tu Ministerio de Cultura, no levanta el teléfono, lo mismo que una entidad a la que pagamos 130.000 euros cada año, que es Cisac, es lo que más me ha decepcionado y lo que más lágrimas me ha costado.

-¿Y si mantienen la sanción?

-Espero que no la mantengan. No tendrían argumentos para mantenerla. Se les ha enviado un informe de mucho peso con el cumplimiento de los 17 puntos que nos exigieron reformar. Y antes que a Cisac al Ministerio. No confiaban en la junta pero cuando me escucharon entendieron que las reformas se harían.

-Entre los puntos, pedían reglas para que personal de SGAE no trabajase para terceros, o contratase a familiaries, y ustedes han aclarado unas reglas que se aplican a las actividades de la entidad...

-Alguna de esas cuestiones le costó, por ejemplo, el puesto al director de recursos humanos. Hemos regulado procedimientos de compras y todo lo que pedían. Nos están pidiendo muchísimas cosas, algunas importantes y algunas que son nimias en la entidad, que suponen un mero detalle de nuestras actividades. Pidieron que hiciésemos por lo menos diez reformas para cambiar su opinión y llevamos las 17.

-En Cisac y en el resto de entidades preocupa mucho la Rueda.

-Yo les pido en el informe que dejen de utilizar ese término. La Rueda es un proceso que afecta a gente determinada. Se usa para desprestigiar a todos los que utilizan la franja nocturna. Es un mensaje que les hacen llegar las multinacionales, visto el mensaje de Opem.

-¿Se puede decir con los acuerdos en la mano que se han desterrado de la SGAE las prácticas que han llevado el nombre de los autores a la Audiencia nacional y a los periódicos?

-Todas. Estoy convencida de que si les pido a todas las entidades de Cisac que demuestren que cumplen estos 17 puntos una gran parte de ellas no podría hacerlo. Me siento muy orgullosa. Creo que este trabajo de casi tres meses es lo más significativo que he hecho en mi vida.

-¿Qué le diría a quien afirmó que la elegían por ser manipulable, o (cito) «suficientemente estúpida»?

-Pregúnteselo otra vez al mismo [ríe a carcajadas]. Pero es una más de las cosas que se dicen y no son ciertas. La SGAE es la mayor de las entidades autorales, dirigidas por autores, del mundo. Por eso nos atacan las entidades mercantiles, dirigidas por editores. Pero esta casa tiene más de cien años y la fundaron los autores.

-La Policía volvió a la SGAE esta semana. ¿Todo bien?

-Lo teníamos todo preparado. Vinieron dos agentes de paisano, se llevaron la información. Punto.

-¿Qué le pide al Gobierno?

-Que sea ecuánime y responsable. Se están olvidando de lo que es la Sociedad General de Autores.

-¿No valoran lo que significa?

-Sinceramente no. El problema no es del Gobierno solo. Es en general. Se ha hecho muy mal también desde aquí.

-La entidad tiene alguna responsabilidad en la mala imagen que tiene.

-Pío pío, que yo no he sido.

Castilla y León es «la columna vertebral» del Partido Popular, como Andalucía lo es del PSOE. Si se pierde esa región, el daño en el PP sería brutal, como reconocen dirigentes del partido. Los populares llevan 32 años gobernando en esa Comunidad, y por primera vez en mucho tiempo ven posibilidades de perder el poder. Las alarmas han saltado y Pablo Casado dedicó buena parte del último día de campaña electoral a esta región, con actos en Ávila y Palencia, donde avisó de un posible pacto entre Ciudadanos con el PSOE en ayuntamientos y comunidades, para desplazar al PP en la oposición.

«Todo está en un puño», adviertieron fuentes populares. Unos pocos votos decidirán la suerte en los feudos del PP este «superdomingo» electoral del 26 de mayo. En la dirección nacional hay más prudencia que optimismo: «No puede ser peor que el 28 de abril», aseguran en Génova, donde se encomiendan a una alta participación del centro-derecha, que les permita frenar el avance de la izquierda en toda España y mejorar su resultado global respecto a las generales. El PP lucha por la movilización de su electorado, pero sabe que no será suficiente si se cumplen sus peores presagios y Ciudadanos acaba pactando con el PSOE allá donde sumen mayoría.

En Ávila, Casado pidió al partido de Rivera «transparencia y claridad» en su política de pactos, porque a su juicio Ciudadanos ha dejado la puerta abierta a alcanzar acuerdos con los socialistas de una manera arbitraria, donde entienda que hay menos conexión al sanchismo. «¿En Ávila van a pactar con el PSOE o no? ¿Y en Castilla y León? Que lo digan claramente», reclamó. Fuentes populares no tienen ninguna duda de la disposición de Ciudadanos: «Vamos a ver todo tipo de cambalaches con los socialistas en toda España», avisan.

En las últimas horas de campaña electoral, el PP ha analizado sus últimas encuestas internas, que reflejan un resultado «muy apretado» en otras dos de sus plazas fuertes, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. «Va a depender de unos pocos miles de votos», advierten los populares. La dinámica electoral ha cambiado en España, y cuando el PP habla de «ganar» se refiere a la suma del bloque de centro-derecha.

Una victoria en Madrid supondría un «golpe de mano» de Pablo Casado para consolidar su liderazgo interno en el partido, pero también como líder de la oposición. En Génova se validaría como un triunfo general de las elecciones del domingo, el inicio de la ansiada «remontada», según las fuentes populares, que lo verían suficiente para acallar muchas voces críticas.

Pero si se pierde Madrid, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, la tormenta interna está casi asegurada, aunque en la dirección nacional le quitan dramatismo. «No sería un golpe mortal, fue mucho más grave el de las elecciones generales», subrayan en Génova. Los populares no creen que el liderazgo de Casado entre en barrena, entre otras razones por una que parece inapelable: «No hay alternativa».

En el PP ven en peligro su hegemonía en la Comunidad de Madrid, donde gobierna desde 1995, si Ciudadanos y el PSOE suman los votos suficientes. «Los de Rivera están empeñados en mostrarse como los que acaban con gobiernos históricos, y no dudarán a la hora de derribar al PP si tienen los votos necesarios con los socialistas», señalan. Los populares ven en serio riesgo otros gobiernos regionales donde hasta hace bien poco eran intocables, como ocurre con la Región de Murcia, y ayuntamientos simbólicos como Málaga. Su mensaje es una advertencia clara: «Si a Ciudadanos le salen las cuentas, se abrazará al PSOE para echar al PP».

Esa renovación del «pacto del abrazo» en las regiones y ayuntamientos solo se frenaría, según el PP, si la movilización de la derecha detiene el crecimiento de la izquierda e impide la suma suficiente de Ciudadanos con el PSOE. El problema es que ese llamamiento a la participación choca con un ambiente electoral frío en la calle, con un electorado cansado por esta intensidad de campañas consecutivas y, en el caso del centro-derecha, por el desencanto y la decepción tras las generales. Las llamadas a la movilización son ya casi de emergencia, para «contener» y hacer de contrapeso frente a un Gobierno de izquierdas e independentistas en La Moncloa.

Los populares creen que el calendario electoral está pensando por Sánchez para poder pactar con Rivera sin presiones para su partido. «La clave, dicen los populares, es que no les salga la suma con el PSOE a solas en ningún lado. Puede salirles la suma si se une Podemos o sus marcas blancas, pero entonces Ciudadanos tendrá que elegir como socio externo a los podemitas o a Vox. Queremos pensar que están más cómodos con un apoyo externo de Vox, como en Andalucía», explican las fuentes consultadas de Génova.

Si se produce una derrota en los feudos más sólidos de los populares, la dirección del partido tiene claro que la solución solo está en seguir adelante, «sin un paso atrás»: «Hay que reconstruir el partido, lo estamos haciendo desde el congreso nacional, debemos seguir apostando fuerte por este proyecto y mirar al futuro».

La suspensión de los cuatro políticos presos catalanes en el Congreso podría afectar al umbral de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, algo que podría cambiar el futuro inmediato de Pedro Sánchez. La decisión de la Mesa, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha dejado a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez sin capacidad de voto (en el Congreso no está permitido delegarlo como sí contempla el Parlament de Cataluña) o sin la posibilidad de asistir a los plenos, entre otros aspectos. Por ello, la Mesa tendrá que decidir qué ocurre ahora con el número de diputados que compone la Cámara tras pedir un nuevo informe a los letrados del Congreso, según han informado fuentes parlamentarias.

Existe un precedente en la historia de la democracia cuando en 1989 se alteró la composición del Congreso para la segunda investidura de Felipe González. El entonces líder del PSOE se presentó a la investidura con 332 diputados de pleno derecho puesto que 18 estaban inmersos en procesos judiciales sobre las elecciones. Entre ellos, los cuatro parlamentarios de Herri Batasuna, cuyo pleito se centraba en su fórmula de acatamiento «por imperativo legal» de la Constitución, a quienes se consideraba «ausentes» y que no volvieron a la Cámara Baja. Aquel año la mayoría absoluta se redujo hasta los 167 diputados, el número justo de apoyos con el que contaba González, que pese a resultar investido prometió someterse a una cuestión de confianza cuando el Congreso volviera a la normalidad.

Un Congreso de 346 diputados

Sin los cuatro diputados catalanes se abre un escenario que podría tener como resultado que la investidura de Pedro Sánchez dependa del voto de Coalición Canaria. Si la Mesa decide acotar el número de señorías a 346, la mayoría absoluta en el parlamento se situaría en 174. Así, la suma de PSOE, Unidas Podemos, Compromís, PRC y PNV - que por el momento son los apoyos con los que cuentan los socialistas según las estimaciones- llegaría hasta 173. Si los socialistas consiguieran aunar el apoyo de la formación de Ana Oramas, Pedro Sánchez resultaría investido por mayoría absoluta (al sumar 175). De no conseguir los apoyos, y siempre teniendo como referente el umbral de 174 diputados, el líder del PSOE podría ser elegido en una segunda votación por mayoría simple si Coalición Canaria se abstuviese. En caso de que el voto de esta formación fuera «no», se produciría un empate entre bloques con 173 diputados. Pese a que en 2016 Oramas respaldó la investidura de Sánchez, en esta ocasión no está tan claro que los socialistas cuenten con el favor de la formación canaria.

Tanto PP como Ciudadanos han manifestado su oposición a la posibilidad de que la Mesa reduzca la composición del Congreso. Desde las filas populares esgrimen que «una carambola» no puede investir a Sánchez. Desde el partido de Rivera insisten en que los suspendidos deben renunciar a su acta.

Junqueras renuncia, pero los tres de JxCat no

La mayoría absoluta también podría variar si Junqueras opta por renunciar a su acta. Junqueras concurre en las Europeas como cabeza de lista de ERC y el escaño en el Congreso es incompatible con el del Parlamento de Estrasburgo, algo que podría facilitar su decisión. Si el líder de ERC renunciase, otro miembro de la lista le sustituiría y si, tal y como apuntan desde JxCat, Turull, Rull y Sànchez no renuncian la mayoría sería de 175. El mismo número de apoyos que obtuvo Meritxell Batet para ser elegida presidenta del Congreso. En este caso, el voto de Coalición Canaria también sería fundamental para sacar adelante la investidura de Sánchez.

La Mesa opta por mantener los 350 diputados

Cabe la posibilidad de que la Mesa del Congreso opte por no reducir el número de parlamentarios en la Cámara y continuase compuesta por 350 diputados. Así se mantendría la normalidad parlamentaria y el umbral para obtener la mayoría absoluta sería 176. Así, el PSOE dependería de un pacto con ERC para sacar cualquier propuesta, incluida la investidura, con holgura. De no contar con los votos del partido catalán, Sánchez podría ser investido presidente en segunda votación por mayoría simple.

Renuncia de los cuatro suspendidos

La mayoría absoluta tampoco variaría si ninguno de los diputados suspendidos renuncian a su escaño. En este caso, la mayoría se mantendría en los 176 escaños. Si los cuatro optan por no renunciar, Batet ya ha advertido que pasarán a ser «diputados suspendidos».